Por admin 
La relación entre el deudor y la Administración Concursal durante un concurso de acreedores no debería percibirse como un enfrentamiento, sino como una colaboración indispensable. Este deber de colaboración e información no es simplemente una sugerencia, sino una obligación establecida en la Ley Concursal, cuyo incumplimiento puede acarrear serias consecuencias para el deudor.
¿Qué implica el deber de colaboración e información?
El deber de colaboración, según el artículo 42 de la Ley Concursal (LC), impone al deudor la obligación de colaborar activamente con el Juez del Concurso y la Administración Concursal. Este compromiso abarca proporcionar documentos e información esencial para el desarrollo del concurso, como la elaboración del inventario y la lista de acreedores. También puede incluir la aclaración de posibles irregularidades ocultas por el concursado antes de la declaración del concurso.
Estos deberes se definen en términos amplios, abarcando cualquier acción necesaria para el correcto desarrollo del concurso. Esto puede incluir la comparecencia personal ante el Juzgado y la Administración Concursal cuando sea requerido.
¿Quiénes están obligados a colaborar?
En el caso de personas físicas deudoras, la obligación recae en el propio deudor o sus representantes legales. Para personas jurídicas, este deber se extiende a los administradores o liquidadores en el momento de la declaración del concurso, así como a aquellos que hayan ocupado dicha posición en los dos años anteriores. Además, los apoderados del deudor también tienen esta obligación.
Identificando la infracción: Ejemplos y consecuencias
La infracción del deber de colaboración se considera cuando no se atienden los requerimientos de la Administración Concursal, se dificulta la comprensión de datos cruciales para los acreedores, no se depositan las cuentas anuales o se obstaculiza el informe del administrador concursal. Tales incumplimientos pueden dar lugar a la calificación del concurso como culpable, según el artículo 165.1.2º de la LC.
La insolvencia y su relación con el concurso de acreedores
La presentación de un concurso implica la previa condición de insolvencia, la cual se caracteriza por la incapacidad de satisfacer los créditos de los acreedores. En el contexto del concurso, nos referimos a la agravación de la insolvencia, que debe llevar a una solución más desfavorable para los acreedores.
El artículo 165 de la LC presume la relación entre el incumplimiento del deber de colaboración y la agravación de la insolvencia, ya sea por dolo, culpa grave o su nexo causal.
Defensa del deudor: La carga de la prueba
Para argumentar su defensa, el deudor debe desvirtuar esta presunción, demostrando que su conducta no fue gravemente culposa o dolosa, y que no tuvo un impacto causal en la agravación de la insolvencia. La Administración Concursal no necesita probar las consecuencias específicas del incumplimiento, siempre que demuestre el supuesto tipificado en el artículo 165.1.2º.
Es esencial dejar constancia escrita del cumplimiento del deber de colaboración, respondiendo a solicitudes y aportando información de manera diligente.
Consecuencias del incumplimiento: Más que una etiqueta, una calificación
El no cumplir con el deber de colaboración puede derivar en diversas consecuencias perjudiciales para el desarrollo del concurso. Desde la imposibilidad de alcanzar un convenio favorable hasta complicar la liquidación del patrimonio, estas situaciones afectan directamente a la satisfacción de los créditos. La consecuencia más grave es la calificación del concurso como culpable, lo que puede acarrear implicaciones legales significativas para el deudor.
En conclusión, la colaboración activa y transparente del deudor con la Administración Concursal no solo es una obligación legal, sino una práctica que contribuye al buen desarrollo del proceso concursal y evita consecuencias desfavorables.